Por Nadia Pinto
A fines de abril de 2011, se inició un intenso debate que tuvo como protagonista a la libertad de expresión en la red. Hernán y Matías Botbol, propietarios del sitio Taringa fueron procesados por la sala IV de la Cámara Nacional de apelaciones por ser considerados "partícipes necesarios" del delito de violación de derecho de autor al permitir que los usuarios del sitio, subieran y descargar contenidos protegidos por ley.
De acuerdo a la causa, los servidores de los dominios (Wiroos) y la remisión a otros sitios de descarga (como Megaupload o Mediafire) permitían la publicidad y facilitaban los medios para que descargaran obras que violaban el artículo 11.723, una ley que no ha sido modificado en 70 años.
La publicación digital Derecho a Leer, que defiende la información en la red, sostiene que existe un temor de que a los administradores se los acuse de ser responsables por la publicación de terceros. Esta decisión los forzaría a ocupar el lugar de jueces (gatekeepers) al imponer una censura preventiva por temor a sanciones judiciales por violación de copyright.
La ley argentina de derecho de autor es una de las leyes más restrictivas del mundo porque no esta tipificado aún este tipo de delito dentro del margen jurídico. Por ende, se genera un vacío legal que se contradice ampliamente con la Declaración Conjunta de la Libertad de Expresión en Internet sancionada este mismo año.
De esta manera, se conformaría un delito para las prácticas sociales de la Inteligencia Colectiva en la red . En una encuesta realizada sobre el control impuesto en este sitio, el 68% de los usuarios afirmaron que utilizan a Taringa como un buscador para descargar y compartir material de la red.
