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miércoles, 12 de enero de 2011

Gustavo Vera: "Los medios de comunicación instalan que el trabajo esclavo es un caso marginal y no los vinculan con las grandes marcas"

Por Nadia Pinto

Era la una de la tarde. Aunque el sol se asomaba sutilmente por los edificios que estaban frente al parque Avellaneda, era evidente que el
frío polar tarde o temprano se iba a instalar por medio de algunas ráfagas de viento que circundaban la zona. A esa misma hora, muchas personas buscaban refugio en un edificio color verde oliva, inmenso y acogedor, que estaba situada en la esquina de Directorio y Lacarra. Ese refugio se mimetizaba con el gigantesco parque que todos los fines de semana es escen
ario para todo tipo de expresiones culturales, ferias y asambleas barriales. Una de ellas, es el modesto edificio color oliva que es sede de la Asamblea 20 de Diciembre y una de las cooperativas textiles que más ha luchado contra el trabajo esclavo: La Cooperativa La Alameda.

Dentro del edificio, yacía un comedor comunitario. Donde muchos jubilados y familias miraban la televisión, charlaban o simplemente almorzaban un tentador guiso de arroz sabiendo que es una forma de demostrar
respeto, cariño y solidaridad. El año pasado, la cooperativa, no sólo recuperó este espacio para generar un lugar de contención a todos los inmigrantes bolivianos que fueran víctimas de la trata de personas, el trabajo en negro y la servidumbre de los talleres clandestinos, sino también como un lugar para todo vecino que lo necesite. En ese lugar persiste la igualdad de género y nacionalidad.
Espere para hora pautada y acompañe a Gustavo Vera, presidente de la cooperativa, a bajar las escaleras para entablar la entrevista.
Dentro de su despacho, alcance a ver los afiches que recordaban la lucha de los inmigrantes, la imagen imponente y ultra conocida del Che como un cuadro que adornaba simbólicamente la habitación y una serie de diplomas y conmemoraciones de la Universidad de Buenos Aires, del colegio de Abogados y otros organismos, que paradójicamente se contraponían con una faja de clausura que estaba pegada en la misma pared. Si uno quería saber quien había clausurado el edificio, bastaba con leer la nota

al pie escrita en birome: “Por Macri”.
Gustavo Vera es docente de la escuela nº 10 de Villa Lugano y militante social de La Alameda desde hace siete años. La cooperativa eligió ese nombre porque los Álamos, son el árbol del pueblo (deriva del latín “Populus”) y a diferencia de otras especies, n
o forman bosques sino pequeños grupos. Por eso Vera explica que la Alameda “es un gran grupo del que se puede formar parte de muchas maneras”. Una de ellas, es ser consciente de la situación de cientos de familias que trabajan en talleres clandestinos de Capital Federal y el Gran Buenos Aires, de todo un circuito de la fabricación en negro de primeras marcas y segundas líneas, de la carencia que tienen estas familias de todo convenio colectivo de trabajo y de la estigmatización que tienen estas personas, que por ser inmigrantes, forman parte de un círculo vicioso de discriminación que existe en nuestra sociedad.


-¿Cuándo se creó “La Alameda” y bajo que fin?
-La Alameda es una asamblea barrial que surgió en Diciembre del 2001 como las demás asambleas barriales en medio de la caída del régimen de convertibilidad del gobierno de De la Rúa, luego del retiro de un montón de cuestiones básicas que tuvieron
que ver con la salud, la educación, la alimentación y el trabajo. La Alameda fue desarrollando
diversos brazos: un brazo de tipo comunitario hacia la comunidad en forma gratuita como el comedor comunitario, talleres de apoyo escolar y talleres de distintas actividades culturales, un brazo productivo que tiene que ver con la creación de emprendimientos auto-ges

tionados bajo la forma cooperativa, un brazo gremial que tiene que ver concretamente con la defensa de los intereses de los trabajadores más p
obres del barrio que en la abrumadora mayoría son costureros y por último una rama jurídica, que se desarrollo hace un año y medio que tiene que ver con el seguimiento de un montón de causas penales y laborales que están abiertas contra un montón de empresas de ropa, tratantes, traficantes, etc. La Alameda solamente se dedica a luchar contra la esclavitud en la industria de la indumentaria pero también con la esclavitud en varias ramas de la economía, el trabajo infantil y la trata de personas, tanto con fines de inserción laboral como social.

-¿Cuáles son los objetivos que tiene La Alameda con la UTC (Unión de trabajadores de la Costura)?
-Básicamente lo que se está buscando, es facilitar el traspaso d
e costureros de talleres clandestinos a fábricas en blanco, para lo cual primero peleamos por la documentación gratuita, por una ley de asistencia a la víctima de trata y por generar fuentes de recursos genuinos que prediquen un trabajo digno. Como por ejemplo el polo textil que se va a inaugurar el 1º de Julio, donde van a trabajar 200 costureros en seis cooperativas y administrados por el INTI. A su vez, en las fábricas en blanco luchamos para que se cumplan los convenios colectivos de libre ejercicio sindical y tratamos de abogar para que se conformen condiciones internas, para que tengan un carácter combativo y defiendan las reivindicaciones básicas de los costureros.

-Cuando recibieron las primeras denuncias ¿Qué impacto generó en la sociedad?
-Bueno, fue bastante difícil instalar que acá había un sistema y no que era algo esporádico. Habitualmente lo que los medios de comunicación trataron de instalar es que los talleres clandestinos eran algo marginal, de algunos lugares determinados del conurbano o de las villas miserias de Capital Federal o de La Salada y no algo vinculado orgánicamente a las grandes marcas que son las que predominan el mercado. Los propios medios al principio deformaban estas denuncias justamente por el c
ondicionamiento que ellos tienen, por las pautas publicitarias de las propias marcas que nosotros estábamos denunciando como el caso de Cheeky, Kosiuko, Awada, Akihabara, Normadie por decir algunas, eran las principales auspiciantes de los programas más importantes de televisión argentina. Así que hubo que pelear mucho para poder instalar de que había una solidaridad penal directa de la marca respecto al taller. La marca como beneficiario económico principal que a su vez, era responsable laboral y penal por la ley de trabajo a domicilio.

-¿De que manera llegan las denuncias?
-Las denuncias llegan principalmente por los costureros. Las principales víctimas que se escapan de los talleres o algún domingo se acercan para denunciar la situación espantosa en la que se encuentran. Muchos no se pueden escapar porque además está su fuente de trabajo, su fuente de vivienda. Por lo tanto esa es la situación extraordinariamente precaria que condiciona bastante los movimientos del costurero. El 80% de las denuncias provienen de los propios costureros y después hay un porce
ntaje de vecinos que también hacen denuncias puntuales.

-Cómo es el circuito de los talleres clandestinos en Capital y Gran Buenos Aires? ¿Existe una relación entre ambas?
-Sí, la relación es que ambas trabajan para las grandes marcas. Por ejemplo Soho, terceariza con talleres clandestinos de Capital y Gran Buenos Aires. Cheeky, Mimo y Kosiuko hacen exactamente lo mismo. Es decir, tienen parte de su producción organizada con talleres de Buenos Aires y parte de su producción organizada con talleres de la Capital Federal.
Con respecto al circuito, tiene que ver con un circuito humano que tiene que ver con una captación de migrantes en situación de vulnerabilidad. En Bolivia, básicamente hay un sistema de captación que mediante engaños, una infinidad de gente viene a la Argentina a trabajar con promesa de buen trabajo y vivienda estable, y luego se encuentra con una situación de reducción a la servidumbre. Hablamos de gente que está físicamente encerrada todas las semanas, que tienen una pequeña libertad ambulatoria del sábado al mediodía hasta al domingo a
la noche, pero que el resto de los días tiene que estar literalmente encerrados dentro del taller. Incluso para no llamar la atención a inspectores o a eventuales cuerpos directivos que puedan aparecer por el taller.

-La Alameda viene denunciando que las grandes marcas son las principales generadoras de trabajos esclavo ¿Se puede decir lo mismo para 2º líneas que proliferan en Av. Avellaneda y empresas dedicadas a prendas para oficios o uniformes?
-Sí, es obvio que la abrumadora mayoría de los fabricantes de Avellaneda tercearizan con talleres clandestinos, lo mismo que La Salada. Lo que pasa es que La Salada es una rebelión de los talleristas contra las marcas. Ósea porque la cadena de valor, la distribución de costo-beneficio que es tan arbitraria, se llevó a una rebelión de una parte de los talleristas que empezaron a falsificar prendas de una misma marca o a vender retazos que le quedaron de la propia producción y en determinado momento, trataron de hacerse independientes. Lo que pasa es que esto no fue un beneficio para el costurero sino un beneficio para los talleristas, pero el costurero sigue siendo tan esclavizado cuando trabaja para La Salada como para Avellaneda
, como para el shopping de Alto Avellaneda.

-Con respecto a la megacausa contra las grandes marcas ¿Qué respuesta tuvieron hasta ahora?
-Hasta ahora hay 17 talleristas y un fabricante esperando juicio oral con procesamiento. Hay más de 500 máquinas que fueron confiscada y alrededor de un centenar que fueron entregadas a las propias víctimas para que trabajen en forma cooperativa.
Ninguna de las causas se cayó. Hubo tentativas para dejar libre de culpa y cargo a una marca, como por ejemplo Soho, Cheeky o Kosiuko pero logramos que la cámara revocara esos establecimientos, por lo tanto en todas las marcas están todavía en proceso de investigación judicial. El problema es que esto va a andar muy lento: Primero por factores políticos, porque Oyarbide era partidario de circunscribir la investigación solamente a los talleres y no hacerlo extensivo a las grandes marcas. No quería aplicar la Ley de Trabajo a Domicilio. Se declaró incompetente recién a mediados del año pasado con lo cual la megacausa recién cambió de Juez que más o menos tiene volun

tad de hacer las cosas de acuerdo a la ley poco menos de un año.

-¿Cómo se llama el nuevo Juez?
-Julián Alcorini, una parte la tiene él y otra parte la tiene el Juez Sergio Torres. Más allá de que tenga voluntad política o no, lo cierto es que el juzgado que ahora tiene la megacausa, no tiene una estructura como para que puedan hacer una investigación simultánea de todas las denuncias que hay hecha. Concretamente el personal suficiente para poder abarcar semejante objeto.

-¿Uds. vienen denunciando condiciones de esclavitud e incluso prostitución dentro de los talleres de costura?
-Se denuncian situaciones de abuso concretamente en Capital y el conurbano. Violencia física sobre mujeres y menores, hay en gran cantidad. Abusos sexuales sobre mujeres y menores también se ha constatado en varios talleres. No en forma generalizada. Pero si, en muchos talleres se vivieron episodios de este tipo que tienen que ver básicamente como consecuencia de las condiciones de servidumbre a la que se encuentra esta gente. Totalmente manipulada a voluntad por el fabricante o por el esclavista.

-A todo esto ¿Cuántas amenazas recibieron? ¿Quiénes pueden ser los principales responsables?
-Hubo unos 14 atentados en La Alameda, de los cuales, la abrumadora mayoría fueron promovidas por talleristas: algunos casos de La Salada, algunos casos de Avellaneda, en otros, talleristas que trabajaban para las grandes marcas. En general, en algunos casos orquestados con las propias comisarias de barrio. Otros por bandas neo-nazis que simplemente venían a atacar porque les molestaba que esto fuera una esquina recuperada por los trabajadores bolivianos para pelear por su dignidad.

-¿Cuáles son sus proyectos a mediano y largo plazo y qué los motiva seguir adelante?
-Nuestro principal proyecto es queremos sanear concretamente con la industria indumentaria. Que la gente esté en blanco, que se pague un convenio, que se trabaje 8 horas. Que tenga una vivienda separada físicamente del lugar de trabajo. Que no haya trabajo esclavo en la argentina y que no haya trata y tráfico en la Argentina. Menos aún, que haya corrupción infantil como lo que estamos constatando en muchas ramas de la economía del agro fundamentalmente. Lo que nos motiva es una cuestión de humanidad básica, como puede motivarlo a cualquiera. Nosotros intentamos, empezamos a hacerlo y a partir de ahí adquirimos cierto reconocimiento, cierta responsabilidad y mucha gente de forma voluntaria se suma todos los días para contribuir esta causa.

Gustavo Vera es Presidente de la Cooperativa La Alameda y Vocero de la Unión de Trabajadores Costureros.

martes, 24 de noviembre de 2009

El éxodo de la esclavitud: Talleres clandestinos de la Matanza

Por Nadia Pinto



Hacinados y olvidados: los talleres clandestinos de costura del conurbano escapan de los allanamientos desde su ingreso en el 2006. Si bien los trabajadores están en condiciones infrahumanas, un informe de la cooperativa La Alameda reveló que los talleres se han incrementado debido a la coima policial. Una investigación sobre el trabajo esclavo, de la mano de las grandes marcas.





“No hay belleza en una prenda si esta se produce con hambre y sufrimiento”, dijo Mahatma Gandhi. Con esta frase breve y contundente, el líder hindú delató el mecanismo feroz que desde hace décadas viene atentando contra la libertad de los pobres por medio de la explotación laboral. Un sistema que ya no sorprende en nuestro país.


Gustavo Vera, presidente de la cooperativa textil “La Alameda”, denunció que el año pasado se instalaron 400 talleres clandestinos en La Matanza. En este negocio que ya ronda los 5.000 locales ilegales en conurbano, participan las primeras marcas de indumentaria que sostienen a la industria por medio de la esclavitud, mientras que las autoridades se llevan una parte de la ganancia.



La Matanza, como partido con mayor número de habitantes en la provincia, es una de las zonas más afectadas. Esto se debe a que mueve todo el capital de la industria textil argentina por medio de la mano de obra barata proveniente de inmigrantes indocumentados.



La oleada de los talleres clandestinos en suelo bonaerense comenzó en 2006, de la mano de una tragedia: a mediados de ese año, un incendio terminó con la vida de seis personas de nacionalidad boliviana cuando el cable de una de las máquinas hizo falso contacto en un taller ubicado en el barrio porteño de Flores. Se supo así que, en condiciones paupérrimas, esta familia trabajaba para grandes marcas textiles sin tener ningún seguro ni cobertura por parte de esas empresas.



Si bien el tema abrió un amplio debate en la opinión pública y un sinfín de requisas en la Capital Federal, la mayoría de los talleres que empleaban mano de obra esclava se instalaron en las villas 1-11-14, de Ciudad Oculta, y las 20, 21 y 31, de Retiro, mientras que ya para fines de 2006, unos primeros 700 talleres incursionaron en la provincia.



Este éxodo cambió la situación de la Ciudad de Buenos Aires: una inspección del gobierno porteño estimó que de los cinco mil talleres clandestinos que había, se bajó a tres mil en los últimos tres años. Pero el hecho es que nunca se clausuraron, sino que se fueron adentrando en el área metropolitana, mientras que la justicia seguía allanando lugares específicos y los medios cubrían el tema cuando ocurría alguna noticia aislada.



Denuncias no escuchadas



Actualmente, existen entre 15 mil y 20 mil talleres “en negro” en el Partido de La Matanza, de los cuales 5 mil tercerizan con lugares clandestinos. Abastecen la industria no sólo de las primeras y segundas marcas de indumentaria, sino también de todas las ferias de barrio y paseos de compra, como el mercado Central, La Salada y La Saladita, entre otras.



Los 400 talleres denunciados por La Alameda se encuentran en las localidades de Villa Celina, Villa Madero, Ciudad Evita, Aldo Bonzi y Laferrere, y en las zonas urbanas como Ramos Mejía y Lomas de Millón que están en límite con la Capital Federal. La ONG explicó que la explotación se realiza por condición de servidumbre, promesas de pago y hacinamiento.



En una entrevista telefónica, el ex presidente de la Cámara industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), Héctor Kolodny, agregó que la mayoría de estos nuevos talleres funcionan en cualquier casa familiar, ya que la propia precariedad permite que aparezcan y desaparezcan rápidamente para trasladarse a zonas más convenientes.



Datos proporcionados por La Alameda revelaron que la mayoría de los talleres “truchos” trabajaban para firmas como Soho, Mimo & Co. y Etam, y cobran alrededor de 3,00 a 3,50 pesos la hora, más 1,50 por producción de prenda. Las denuncias vienen de la mano de los propios costureros y vecinos del barrio, mientras que otros casos ya entraron en una causa penal, donde se investiga la responsabilidad de un determinado número de dueños que están asociados a las marcas que, en mayor medida, son las que tratan de cubrir la situación.



Uno caso particular es el de un taller ubicado en Villa Celina, donde los trabajadores tienen una jornada laboral de 12 horas diarias y están indocumentados. No sólo están expuestos a la mala conexión del cableado eléctrico, sino que los costureros nunca recibieron comida ni desayuno y les adeudan gran parte del sueldo.



No sorprende que muchos casos toquen esa localidad, porque en esa zona se concentra la mayor cantidad de talleres clandestinos que proveen a La Salada y al Mercado Central. Un punto clave es el barrio 17 de noviembre, mejor conocido como “Pequeña Cochabamba”, donde conviven alrededor de un 90% de extranjeros de origen boliviano y, a pesar de que el lugar carece de asfalto, cloacas e iluminaria, es una zona ubicada de forma estratégica ya que están a pasos de la Capital Federal y a metros de los grandes mercados del Conurbano.



Ante esta forma de explotación, una de las autoridades de la Cámara Textil de la Indumentaria (CIAI), Juan Carrera, aseguró que existe una unión de la atomización con el mercado de valor que se da tanto en Capital como el conurbano. Esto significa que la realización de las prendas se basa en un sistema de producción donde se necesitan muchos talleres para fabricar distintas partes de una misma prenda; por otro lado, los minoristas compran a proveedores que le dan facturas en regla pero subcontratan en negro. Para Carrera, la solución no es clausurar todos los talleres clandestinos sino controlar los establecimientos medianos que trabajan en negro, facilitar el “blanqueo” de personal otorgando créditos a cooperativas, acordar con las cámaras para que asuman una parte de la responsabilidad y promover la concientización de los consumidores sobre el origen de la ropa.



El “control” policial



El titular de La Alameda, por su parte, considera que no es tan sencillo blanquear la situación de miles de costureros que están en situación de esclavitud. De hecho, sostiene que ya es muy difícil realizar una investigación dentro de La Matanza, porque es una de las áreas menos controladas y con pocas inspecciones en comparación con la Ciudad de Buenos Aires. Tanto es así que hasta el momento, ningún juzgado federal trató el tema de los talleres clandestinos con vista a regularizar la situación.



En 2007, se realizó el primer operativo del conurbano: se trató de desmantelar maquinarias en el barrio José Luis Cabezas, de Isidro Casanova. El detonante fue que los vecinos estaban cansados de los continuos cortes de luz porque el taller sobrecargaba los medidores comunitarios que existían en la zona, no apta para el desarrollo industrial.



El allanamiento que se realizó en 40 talleres fue coordinado por la Municipalidad de La Matanza, inspectores policiales y la Policía Federal, al tiempo que los vecinos, que tuvieron un asesoramiento de la Defensoría porteña, presentaron una denuncia penal ante el municipio de Morón. El conflicto llegó a tal extremo que algunas personas inclusive quisieron frenar las camionetas para que no retiraran las prendas mientras que otros pretendían prenderles fuego a los talleres.



Aunque el Ministerio de Trabajo bonaerense dijo sentirse “conforme” con el procedimiento, los vecinos no tuvieron respuesta con respecto al consumo de energía, la trata de personas y la reducción a la servidumbre, así que por intermedio de La Alameda denunciaron el hecho ante la Defensoría porteña y el Observatorio de Derechos Humanos de migrantes Bolivianos, creado después del trágico accidente del 2006.



Vera denunció que la Municipalidad de La Matanza actúa de manera impune porque el 54% de la energía que debería ser suministrada a los barrios carenciados, se le otorga a los talleres clandestinos, en una estrategia por “financiar el desarrollo comercial de las grandes marcas”.



A esto se suma la coima de la bonaerense para hacer caso omiso a la situación. En el barrio 17 de Noviembre, de Villa Celina, muchos vecinos y ex costureros soportan allanamientos “truchos” de los que extorsionan a los indocumentados a pagar cierta suma de dinero para que no les secuestren las máquinas. La policía llega a cobrar veinte pesos por cada denuncia de explotación. Esta forma de actuar de los efectivos se venía manifestando en la Capital Federal, donde incluso cobraban entre 500 y 1.000 pesos para hacer “la vista gorda” ante las irregularidades.



Un mercado que crece cada día



El negocio textil es uno de los más prolíficos del país: según las cifras de CIAI, es un negocio que mueve alrededor de 750 millones de dólares por año en Capital y GBA, e inclusive supera tres veces a las exportaciones de vinos argentinos, dos meses de facturación de la industria automotriz y el total de las exportaciones anuales de software y servicios informáticos del país. La millonaria cifra representa entre el 30 y el 35% de todo el dinero que mueve el negocio de la indumentaria y, según señaló el director ejecutivo de la Cámara, Héctor Kolodny, la mitad de la producción de prendas proviene de lugares clandestinos.



Por su parte, el titular de la Unión de cortadores de la Indumentaria, Heraldo Mage, indicó que el estado tiene las atribuciones necesarias para detectar estas irregularidades pero si no lo hace es porque existe una convivencia entre los inspectores y el pago de coimas. Mage también denunció que la tercerización acabó en trabajo en negro porque muchas empresas, como el caso de Soho y Mango terminaron vendiendo las máquinas a sus operarios como forma de pago, saliendo del sistema de trabajo laboral en una planta.



Aunque se realicen operativos conjuntos, la solución va por otro lado: es difícil arreglar una problemática cuando existen coimas policiales y patoterismo de barrabrava a la vuelta de la esquina. Una nueva reforma puede blanquear los talleres clandestinos si las grandes firmas aceptan su responsabilidad. Aunque suene utópico, los polos textiles de Barracas y San Martín ya son la esperanza de vida para miles de costureros ¿Se podría realizar lo mismo en La Matanza?


Nota realizada para el Taller Gráfico IV de Periodismo de investigación y literario de la Universidad de La Matanza (UnLaM) disponible también en: http://comosaposdeotropozo.blogspot.com.ar/2010/03/el-exodo-de-la-escalvitud-talleres.html